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VMT -09:59:23 - 11/07/2008

Enrique Lucas Romaní se perfila como nuevo presidente del Valencia en la etapa que inicia la entidad bajo el poder absoluto en la gestión de la misma de Juan Villalonga. Así se lo comunicó ayer el máximo accionista y ex presidente, Juan Soler, al grupo de valencianistas que buscan democratizar el club, compuesto por Jaime Ortí, Jaime Part, Carlo Cichella, Joaquín Ríos-Capapé y Eduardo Escartí, con los que mantuvo un almuerzo de trabajo.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y máster en Tributación Empresarial, Enrique Lucas Romaní -primo hermano del ex vicepresidente valencianista Enrique Lucas Oller, a su vez abogado de la familia Soler-, acumula más de 30 años de actividad financiera. Inició su trayectoria profesional en el Banco de Santander, dirigiendo posteriormente una división de Lladró. En 1989 fue cofundador de la sociedad de valores Beta Capital junto a otros socios entre los que estaban César Alierta, actual presidente de Telefónica. En 2003 constituyó Nordkapp inversiones, firma de la que es accionista minoritario y presidente. El pasado año fundó la gestora valenciana de capital riesgo Santángel. Es también consejero de Bancaixa y está casado con Marisol Martínez Reig, directora general de Planificación y Ordenación Territorial.

Enrique Lucas Romaní estuvo ayer en la sede del Valencia, aunque en ningún momento reconoció ni dejó entrever -ni él ni ninguno de los nuevos gestores- la posibilidad de acceder a la presidencia del club. Se limitó a manifestar tan solo que su presencia en las oficinas obedecía única y exclusivamente al deseo de "saludar a un amigo al que hace 32 años que no veía", dijo en alusión a Juan Villalonga, con el que Lucas Romaní compartió aulas en el colegio El Pilar, donde ambos coincidieron también con José María Aznar.

En el transcurso de la reunión que Juan Soler mantuvo ayer con el mencionado grupo de accionistas, en el que está el ex presidente Ortí y el actual presidente de la Agrupación de Peñas, Jaime Part, el todavía máximo accionista del Valencia les informó de la nueva línea que se inicia en el club con la llegada de Juan Villalonga. Soler desveló que el ex presidente de Telefónica ocupará el cargo de consejero delegado valencianista y que fijará su residencia en Valencia -actualmente vive en el barrio londinense de Chelsea junto a su mujer, Adriana Abascal-, así como que el nuevo consejo de administración que probablemente presidirá Enrique Lucas Romaní estará compuesto por personas de Valencia y reconocidos valencianistas.

A pesar de que esta reunión se produjo para que el grupo que tiene como portavoz a Joaquín Ríos-Capapé, entregará su proyecto de democratización del Valencia a Juan Soler, este fue desvelando otras informaciones relacionadas con la etapa que se abre en la entidad de Mestalla. Al parecer, el contrato por el que Juan Villalonga ha adquirido todo el poder de gestión del club tiene una duración de dos años.

Algunas de las noticias que dejó Soler sobre la mesa sorprendieron a los componentes de dicho grupo, quienes no dudan en poner todo en cuarentena debido a los constantes cambios de opinión y de la línea de actuación del ex presidente del Valencia. Soler les comunicó también que Juan Villalonga obtendrá entre un dos y un dos y medio por ciento de comisión de las operaciones de financiación que aporte, explicando igualmente que el nuevo gestor del club no tiene en su poder ninguna opción de compra de las acciones del ex presidente, aunque fuentes oficiales de la entidad de Mestalla han asegurado a LAS PROVINCIAS lo contrario, que el empresario sí cuenta con esta posibilidad de adquirir los títulos de Soler.

Proyecto de democratización

El grupo de accionistas destacados del Valencia entregó ayer a Juan Soler el proyecto que ha confeccionado y cuya finalidad es la de democratizar el club. Este proyecto obra desde hace algún tiempo en poder de las principales instituciones valencianas -Ayuntamiento y Generalitat- y del PSPV.

Joaquín Ríos-Capapé, como portavoz del grupo, explicó al término de la reunión que se le había expuesto el complejo proyecto con todo detalle y que Soler "lo estudiará con cariño y nos dará una respuesta en un próximo encuentro que será casi con toda seguridad después del verano". Uno de los puntos principales de este proyecto contempla la opción de conseguir que cada abonado con una o más acciones tenga derecho a un voto.

Tanto la confección jurídica como de forma de dicho proyecto ha sido realizada por el despacho de abogados de Rafael Azpitarte, donde el grupo que lo presenta estuvo reunido antes de sentarse cara a cara con Juan Soler. Ríos-Capapé señaló que el estudio que consideran idóneo para llevar a la práctica en el club "es atemporal, pues somos conscientes de que el Valencia tiene en estos momentos otras prioridades".

Por lo que se refiere a la situación actual que atraviesa la entidad de Mestalla, el accionista la definió como "delicada" y no ocultó que hay muchas actuaciones y asuntos puntuales que necesitan de una concisa aclaración, aunque todo ello lo solicitarán en la próxima junta general que convoque el club. "Es el foro adecuado, el que debemos utilizar para que nos expliquen las cosas y será allí donde preguntaremos lo que consideremos oportuno y a quien consideremos oportuno".

Otro de los componentes del grupo que busca la democratización del Valencia, Eduardo Escartí, descartó realizar manifestaciones relacionadas con la situación que atraviesa el club, tanto por la existencia del portavoz elegido, que es quien debe hacerlas, como por considerar que es prematuro hablar sin haber dado el tiempo mínimo a Juan Villalonga que le permita llevar a la práctica alguna actuación.

"Entiendo que se le debe conceder un margen de espera para comprobar su funcionamiento y su evolución", señaló Escartí.

A modo de resumen de lo que fue la reunión mantenida por los componentes de este grupo con Juan Soler, aquellos le hicieron ver al ex presidente del Valencia que la implantación en el club blanquinegro del proyecto que se le presentó supondría para él la mejor salida posible de la entidad, tanto en lo que se refiere a la parcela económica como a la social, principalmente porque le permitiría marcharse definitivamente dejando a la sociedad democratizada, algo que los socios valorarían en gran medida.