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Vocento VMT -18:28:14 - 23/11/2006

Los clubes que permitan actitudes violentas y racistas de sus aficionados radicales no sólo podrán sufrir el cierre de sus estadios sino también perder puntos, partidos, puestos en la clasificación e incluso la categoría, si las infracciones son muy graves y la reincidencia enorme.

Esa es una de las grandes conclusiones del Proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia aprobado este jueves en el Congreso, que rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por CiU y ERC, apoyadas por el grupo vasco. De los 323 votos emitidos, sólo 29 pidieron devolver el texto al Gobierno y hubo siete abstenciones.

Impulsado por los ministerios de Educación e Interior, el proyecto tiene cuatro objetivos básicos: favorecer la convivencia multiétnica en el deporte, prevenir y reforzar la seguridad en los acontecimientos deportivos, actualizar y aumentar las sanciones a los radicales y a quienes los amparan, y dar cobertura legal a las medidas contempladas en el protocolo suscrito hace un año en esta materia.

Cuando entre en vigor, tras el trámite parlamentario que ahora se inicia, podrían imponerse multas de entre 18,000 y 90.000 euros para los clubes, jugadores, árbitros y directivos que incumplan la normativa contra la violencia en el marco del deporte profesional. Las inhabilitaciones o privaciones de licencias oscilarían entre dos y cinco años y, en caso de reincidencia, podrían adquirir carácter definitivo. Los aficionados que insistan en sus gestos o símbolos ultras también pueden ser castigados sin poder acceder los estadios por un período de hasta cinco años.

Primer paso

Se califican como "muy graves" los comportamientos y gestos agresivos y antideportivos, las declaraciones que inciten a la violencia, la participación en actos violentos, la no adopción de las medidas de seguridad obligatorias y, en especial, el "fomento, participación o facilitación de medios técnicos o económicos que den soporte a quienes promuevan la violencia".

Tras la votación, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, expresó su satisfacción porque entiende que, aunque se trata sólo de "un primer paso", "esta ley puede ser un instrumento útil para erradicar lacras que no queremos en la sociedad y menos en el deporte". Insistió en la política de "tolerancia cero" por la que aboga el Gobierno.

"Era necesario aplicar el principio de permisividad nula con estos brotes de racismo, intolerancia o xenofobia. Era importante que el Congreso aprobara una normativa", sostuvo el presidente del Consejo Superior de Deportes, quien enumeró las virtudes de la norma, destacó que se busca "más prevención y rigor sancionador" y avanzó que serán recompensados los clubes que más colaboren.

Recordó que las consecuencias de la nueva ley no sólo se verán dentro de los estadios sino también en los aledaños y en los transportes organizados. Existe preocupación por esos hinchas fascistas que se citan en la calle y, sobre todo, por esos autocares repletos de radicales que se desplazan a los partidos de sus equipos y provocan incidentes allí donde van.

Integración de inmigrantes

Lissaavetzky se detuvo en el "carácter integrador" de la Ley, toda vez que permitirá a los inmigrantes residentes en España participar en las competiciones deportivas nacionales, con las únicas salvedades que marcan las competiciones profesionales. "Son novedades interesantes y espero que, al final del proceso, la ley goce del mayor apoyo posible".

A pesar de que aún queda mucho por hacer, el secretario de Estado puso de relieve el "avance" que, a su juicio, se ha producido en España en comparación con otros países que padecen graves problemas de seguridad, liderados por Argentina, donde incluso se ha planteado una huelga de jugadores.

"Aquí hemos trabajado bien en la seguridad en los estadios y, de hecho, nos ha felicitado la Comisión Europea. Nuestra situación no es comparable con lo que ocurre allí. Ya hemos recorrido un trecho, pero queremos perfeccionar y mejorar la situación", enfatizó.